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La evaluación educativa es un procedimiento complejo, definido por docentes y pedagogos como un proceso esencial para alcanzar la calidad educativa. Aunque existe la percepción de que la evaluación se limita a los exámenes y pruebas aplicados a los estudiantes dentro del aula, evaluar la calidad de la educación requiere considerar todos los factores que influyen en el aprendizaje del estudiante. Por ello, conceptos como la “evaluación docente” cobran cada vez más relevancia.
Más allá de las pruebas estandarizadas
Es importante destacar que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se limita a la relación entre docente y estudiante; también involucra el papel de los directivos, los padres de familia e incluso las entidades regionales y nacionales de educación, cuyos aportes deben ser igualmente medibles.
Desde 1968, la evaluación de la educación en Colombia está a cargo del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Este organismo se encarga principalmente de evaluar a los estudiantes en todos los niveles educativos a través de herramientas y pruebas como los exámenes de estado Saber 11°, Saber Pro, Pre Saber, Saber TyT, Saber 3°, 5°, 7° y 9°, además de pruebas psicotécnicas, exámenes de conocimientos policiales para el Concurso de Patrullero y la Validación del Bachillerato Académico.
Sin embargo, aunque esta entidad ha cumplido exitosamente con su agenda, las acciones del ICFES se centran esencialmente en la evaluación del conocimiento de los estudiantes. Si bien este es un factor clave, pues determina si se han alcanzado las metas de aprendizaje, deja de lado la medición de otros elementos del proceso educativo, como el desempeño de docentes, directivos y padres de familia. Estos factores quedan bajo la autonomía de cada institución educativa.
Según el Ministerio de Educación de Colombia, el puntaje global promedio de la prueba Saber 11° para el calendario A es de 257 puntos sobre 500. En el informe de las pruebas Saber 11°, se observa que las instituciones educativas no oficiales obtuvieron un promedio de 287 puntos, mientras que las oficiales alcanzaron solo 252 puntos. Esto plantea la necesidad de cuestionar, entre otros, si la inversión pública en educación está realmente enfocada en las necesidades de los estudiantes.
La diferencia entre resultados de las instituciones educativas públicas y privadas es uno de los aspectos que sugiere que, aunque esta prueba permite medir el desempeño de las instituciones educativas, no es ideal adjudicar todo el rendimiento de un colegio a un único examen estandarizado, ya que se excluyen otros factores importantes que también son susceptibles de influencias externas o modificaciones.
Aunque existe mecanismos de evaluación de desempeño de docentes y directivos, estos solo aplican a una parte de los docentes estatales, siendo necesaria la creación de una herramienta que permita una evaluación global e integral de docentes y directivas de las instituciones, quienes son los principales responsables de garantizar que se cumplan los objetivos de aprendizaje. Del mismo modo, sería pertinente analizar que existan mecanismos que permitan identificar las condiciones sociales y familiares de cada estudiante con el fin de evaluar su impacto en los procesos de aprendizaje.
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